Un monitoreo minucioso detectó que algunas empresas intentaron registrar productos originarios en oficinas de China, Estados Unidos y Japón. Con esta acción, se pone en salvaguarda la riqueza biológica nacional ante el constante intento de empresas de apropiarse de este patrimonio.

Perú es un país megadiverso y sus recursos genéticos (plantas, animales y ecosistemas), así como los conocimientos tradicionales (saberes ancestrales sobre los usos y propiedades de los productos biológicos que se transmiten de generación en generación) son motivo de una constante vigilancia por la Comisión Nacional Contra la Biopiratería, que preside el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Gracias a esta comisión, única en el mundo, se ha identificado 114 casos de biopiratería en 25 oficinas de patentes del mundo, en las que se pretendía registrar los recursos genéticos de origen peruano y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

Los casos identificados se relacionan con maca (36), sangre de grado (30), sacha inchi (7), ungurahui (7), maíz morado (4), camu camu (4), tara (3), marañón (3), pasuchaca (2), aguaje (2), bolsa mullaca (2), yacón (2), achiote (1), indano (1), pasiflora (1), camu camu- acaí- guaraná (1), ambrosia (1), maca-aguaje (1), palillo caspi (1), maca-huanarpo macho-chuchuhuasi (1), tuna (1), pepino dulce (1), uña de gato-sangre de grado (1) y buenas tardes (1).

De esa lista, 58 casos ya fueron resueltos favorablemente para el Perú. Es decir, que las patentes han sido retiradas o denegadas gracias a las observaciones presentadas por la comisión, por medio de la Cancillería peruana, ante las respectivas oficinas de patentes.

Puntos identificados

Las empresas e investigadores comprometidos con estos casos acudieron a la oficina de registros de China, seguida de Estados Unidos y Japón. Gracias a la ratificación del Protocolo de Nagoya, al que están suscritos China y Japón, se va a ejercer una mayor precisión para la defensa de los recursos nacionales.

Precisamente, el Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a Recursos Genéticos y la Participación Justa y Equitativa de los Beneficios Derivados de su Utilización, en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica, fue suscrito en el 2010 y entró en vigor el 2014, y fue ratificado por el Perú ese mismo año.

La norma busca evitar casos de biopiratería y que se garantice una distribución razonable de provecho obtenido del acceso y uso de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.

Labor constante

La Comisión Nacional Contra la Biopiratería ha centrado su monitoreo en 238 recursos genéticos. Así, efectúa búsquedas en todas las bases de datos de patentes del mundo para verificar la existencia de casos de biopiratería relacionados con nuestros recursos genéticos y conocimientos tradicionales.

A la fecha, ha encontrando cerca de 90,000 documentos de patentes relacionados con los recursos genéticos nacionales, lo que no significa que todos involucren casos de biopiratería, ya que pueden ser solicitudes de patente o patentes que no estén basadas en conocimientos tradicionales o derivados.

Esta labor de vigilancia y gestión de casos es indispensable en un país como el Perú, que por su megadiversidad siempre llama la atención de empresas, farmacéuticas e investigadores en general.

Riesgos latentes

Si bien es cierto estos grupos podrían compartir beneficios de cualquier índole con los pueblos indígenas, de ninguna manera pueden patentarlos porque no procede la patente de plantas o animales, pero sí innovaciones, siempre que cumplan con las normas de acceso al recurso genético y los requisitos de novedad y nivel inventivo exigidos por las oficinas de patente, contribuyendo así a la investigación y desarrollo de nuevos productos, como en la industria farmacéutica, cosmética y de productos naturales. Son riesgos que deben evitarse.

Iniciativa en el mundo

Ante el inmenso interés por nuestros recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados y como forma de defenderlos, el Perú tomó la iniciativa a escala mundial y, en el 2004, creó la Comisión Nacional Contra la Biopiratería.

Se encuentra adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y es presidida por el Indecopi. Es una comisión multisectorial integrada por 13 entidades del sector público y el privado. Según la Ley de creación de la Comisión Nacional, Ley 28216, la biopiratería, se define como el acceso y/o uso no compensado y/o no autorizado a los recursos genéticos y/o los conocimientos tradicionales.

El Perú es uno de los 17 países megadiversos en el mundo porque posee 84 de las 114 zonas de vida existentes y cuenta con 28 de los 34 climas que hay en el planeta.