Imagine, estimado lector, que usted es dueño de una compañía cuyos productos compiten duramente en el mercado local con bienes importados similares al suyo. Pero como usted tiene suerte, el Estado ha decidido hacerle un favor y limitar las importaciones de sus competidores internacionales, política que le deja a su empresa suficiente espacio para subir precios a los consumidores sin mejorar la calidad de sus productos. 

Si usted es un productor lechero, podría ser su día afortunado, pues algo similar a lo descrito es lo que ha propuesto el congresista Elard Melgar, de Fuerza Popular, junto con varios de sus colegas de bancada para la industria láctea. En concreto, el parlamentario ha planteado la necesidad de restablecer la 15° Disposición Complementaria del Decreto Legislativo 653 –Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario–. Dicha disposición, emitida en 1991 y derogada en el 2008, prohibía la importación de “leche en polvo, grasa anhidra y demás productos lácteos” para su uso en “procesos de reconstitución y recombinación, para la elaboración de leches en estado líquido, quesos, mantequillas y productos similares de consumo humano directo”.

Lo cierto es que la industria lechera no necesitaba tanta suerte para producir. Se bastaba por sí sola. Según el Ministerio de Agricultura y Riego, desde el 2007, poco antes que se eliminara la protección de la disposición complementaria, la producción de leche de ganado vacuno en todo el país ha crecido en 30%. Mientras que el consumo ha pasado de 56 kg por persona en el 2007 a 81 kg en el 2015.

Precisamente, quienes quizá sí requieran mejor fortuna son los millones de consumidores peruanos de productos lácteos a quienes este proyecto de ley perjudica. Prohibir la importación de insumos para la elaboración de productos basados en leche encarece su producción, reduce su calidad y limita las opciones de las familias peruanas. El objetivo, entonces, solo puede ser beneficiar a un grupo organizado de productores a costa del resto de la población.

La idea no es nueva. Propuestas económicas de similar tenor se han ensayado repetidas veces en el país, y a estas se les llama políticas proteccionistas. No hay motivo razonable para catalogar de manera distinta a la iniciativa de Fuerza Popular. Como se recuerda, durante la campaña electoral pasada, la candidata Keiko Fujimori anunció que en un eventual gobierno suyo se implementaría una “regulación justa que permita que el precio de la leche sea el adecuado”, que no es sino otra manera de hacer un llamado al tipo de controles de precios que se aplica en países como Venezuela y que trae escasez, sobrecostos y mercado negro.

En esta perspectiva, no deja de resultar irónico que el proyecto de ley del congresista Melgar llame la atención –con preocupación– sobre el hecho de que el Perú esté a “la cola de los países con menor consumo per cápita de leche” en América Latina, con índices por debajo de lo recomendado por la FAO. Su iniciativa, al elevar innecesariamente los precios por la falta de competencia, haría el acceso a la leche y sus derivados aun menos extendido.

Si se quiere mejorar el sector lácteo, las estrategias pasan en parte por promover mayor competencia y, sobre todo, por mejorar la productividad de los pequeños ganaderos a través de la difusión de mejoras prácticas operativas, fomento de la asociatividad y uso de ganado mejorado. A diferencia de lo planteado por Fuerza Popular, sin embargo, estas soluciones requieren compromiso político y trabajo conjunto entre los sectores público y privado, y no solo la suerte de tener un congresista amigo interesado en financiar las ganancias de pocos con los bolsillos de muchos.