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Ganaderos Lecheros de Puerto Rico Marcharon por Caída de sus Beneficios

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Ganaderos caribeños consideraron que la Marcha a Favor de la Industria Lechera de Puerto Rico fue un éxito total. Luchan por la injusticia que comete su gobierno junto a las dos compañías monopolizadoras de la industria lechera en este país, que baja el precio que pagan por la leche el cual implica millones de dólares en pérdidas.

Los ganaderos puertorriqueños recorrieron hoy el centro de San Juan para pedir que se interrumpa un acuerdo entre el Gobierno y las empresas procesadoras de leche que, según denuncian, pone en riesgo al sector, que ve reducido sus márgenes de beneficio.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Puerto Rico que había convocado la marcha, Juan Carlos Rivera, señaló este miércoles a Efe, tras reunirse con el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, que el líder de la cámara baja mostró su comprensión por el problema al que se enfrenta el sector.

Los ganaderos denuncian que el acuerdo alcanzado entre Gobierno y procesadoras tras un mandato judicial propiciado por las reclamaciones de éstas para compensar pérdidas históricas les supone una reducción de cerca de 14 catorce centavos de dólar por «cuartillo» (0,95 litros) de leche vendido a las procesadoras.

Rivera indicó que Perelló, que le recibió al paso de la marcha por la Cámara de Representantes en dirección a la sede del Ejecutivo, La Fortaleza, dijo que se dirigirá al gobernador Alejandro García Padilla para transmitirle las demandas del sector.

El líder de los ganaderos pide al Gobierno el final del acuerdo si no quiere poner en peligro la viabilidad económica de todo el sector.

El presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, César Hernández, dijo también a Efe que se debe interrumpir la aplicación del acuerdo con las plantas procesadoras al menos hasta que se conozca el resultado de un estudio que se ha encargado sobre el conjunto del sector lechero en Puerto Rico a la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) de Puerto Rico.

Hernández, del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), subrayó que es evidente la pérdida de beneficio de los ganaderos y que la solución está ahora en manos del Ejecutivo que encabeza Alejandro García Padilla

La marcha reunió a varios centenares de ganaderos que se concentraron a la entrada de El Viejo San Juan, el casco histórico de la capital, con decenas de tractores y algunos ejemplares de sus vacas para poner marcha hacia la sede del Ejecutivo y tratar de reunirse allí con algún representante del Gobierno puertorriqueño.

El colectivo asegura que la entrada en vigor del acuerdo les ha supuesto la pérdida de cerca de un millón de dólares en el último mes y que, de seguir adelante, pone en peligro su viabilidad empresarial.

Las compañías procesadoras que operan en Puerto Rico, la peruana Suiza Dairy (perteneciente al Grupo Gloria) y Vaquería Tres Monjitas, presentaron en 2004 una reclamación con el objetivo de elevar el margen de sus ganancias en la cadena de producción de la leche con el argumento de que de otra forma no eran capaces de hacer viable su negocio.

Tras una década sin alcanzar un acuerdo con los sucesivos gobiernos de la isla una intervención judicial estableció un aumento en 14 centavos del «cuartillo» en el precio final de venta al consumidor.

El descontento entre la ciudadanía provocó que el Gobierno optara por los ganaderos para «absorber» el aumento derivado de la decisión judicial que compensaba a las procesadoras.

El Gobierno anunció como compensación a los ganaderos la asignación de incentivos por valor de 10 millones de dólares a través del Fondo de Eficiencia de la Industria Lechera.

La Asociación de Ganaderos de Puerto Rico estima que las cerca de 400 vaquerías de la isla generan más de 5.000 empleos directos.

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Con estrategias de mitigación, aumentan un 40 % la productividad ganadera, con estrategias de mitigación

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En el marco del proyecto internacional GANASUR, especialistas del INTA presentaron los resultados del estudio en la Cuenca del Salado, Buenos Aires. Con estrategias de mitigación en los establecimientos se evitó la emisión de 7.400 toneladas de CO₂ y aumentó la producción por vientre un 40 %. Mejoras en la sanidad preventiva y reproductiva, descarte de animales improductivos y manejo del pastoreo, entre las estrategias implementadas.

El proyecto GANASUR se desarrolla sobre la estructura cooperativa de PROCISUR, que reúne a los institutos nacionales de investigación agropecuaria de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, junto con el IICA. La iniciativa busca identificar sistemas ganaderos representativos de cada país, evaluar opciones de mitigación y modelar los impactos productivos, económicos y ambientales asociados a su implementación.

En el caso de la Argentina, se seleccionó como caso de estudio un sistema de ciclo completo de la Pampa Deprimida. Según explicó Mauricio Álvarez, coordinador del Programa Nacional de Carnes y Fibras Animales del INTA, “se trata de una de las principales regiones ganaderas del país y porque la cría concentra una proporción muy importante de las emisiones del sistema”. Al mismo tiempo, sus brechas de eficiencia reproductiva y productiva ofrecen una oportunidad concreta para reducir emisiones sin disminuir la producción de carne.

En esta línea, puntualizó: “Para los países del CAS aumentar la productividad es una meta irrenunciable y los resultados demuestran que es posible producir más, mejorando la rentabilidad, de manera ambientalmente sostenible”.

En este sentido, subrayó: “Los resultados muestran que la mitigación puede integrarse a una estrategia de mejora productiva y económica: no se trata de producir menos, sino de producir más eficientemente, con una menor cantidad de emisiones por unidad de producto y una reducción simultánea de las emisiones absolutas”.

Las medidas de mitigación no se definieron como un paquete teórico, sino a partir de tecnologías probadas y compatibles con el funcionamiento de los establecimientos, detalló Álvarez, al tiempo que aclaró que “fueron validadas mediante consultas con productores y referentes sectoriales, que permitieron identificar aquellas que estarían dispuestos a adoptar”.

En esta línea, destacó que “uno de los principales aportes de GANASUR es haber integrado las dimensiones productiva, ambiental y económica. No alcanza con saber cuánto puede reducirse una emisión: también necesitamos conocer qué efecto tiene la tecnología sobre la productividad, cuánto cuesta implementarla y cuáles son las condiciones para que un productor decida adoptarla”.

Entre las estrategias que se aplicaron, se destacan las mejoras en la sanidad preventiva y reproductiva, el descarte de animales improductivos, el manejo del pastoreo, la recuperación de pasturas, la incorporación de leguminosas, la suplementación estratégica, la inseminación artificial a tiempo fijo y la selección genética.

“La implementación completa de esta trayectoria permitiría evitar unas 7.400 toneladas de CO₂ equivalente entre 2027 y 2040, lo que representa una reducción del 15 % de las emisiones acumuladas respecto del escenario de referencia”, confirmó el investigador. Para 2040, las emisiones anuales disminuirían hasta aproximadamente 2.645 toneladas de CO₂ equivalente y la huella de carbono por kilogramo producido se reduciría cerca de un 27 %.

“Los beneficios no serían solamente ambientales, sino también productivos”, sentenció Álvarez. Es que, según detalló, la producción por vientre aumentaría un 40 %, al pasar de 197 a 275 kg de peso vivo, mientras que el mayor volumen de carne generado y la mejora de la eficiencia permitirían alcanzar importantes beneficios económicos.

Según detalló el especialista del INTA, “la transición tecnológica se diseñó de manera gradual y acumulativa”. En una primera etapa se propuso ordenar el manejo del rodeo y mejorar su desempeño reproductivo; posteriormente, fortalecer la base forrajera y nutricional; y, finalmente, incorporar herramientas de mayor intensificación.

“Esta secuencia responde a una lógica concreta: comenzar por tecnologías de menor complejidad y avanzar hacia otras que requieren mayores capacidades e inversiones, evitando asumir que todas pueden adoptarse simultáneamente”, aclaró Álvarez.

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