Además de los temas relacionados con la salud animal, otros factores como la pobreza, el contrabando, la violencia, la corrupción o la migración ilegal también impactan directa o indirectamente la actividad ganadera y la comercialización de productos animales.

El pasado 4 de octubre se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional de Colombia, y de nuevo el 11 del mismo mes se detectó un nuevo foco de fiebre aftosa en un predio de San Diego (Cesar) con 2 bovinos (de 216 ) y 27 porcinos (de 37) afectados.

Dicho foco se asoció epidemiológicamente con la zona de contención. El 17 de octubre se estableció la cuarentena sanitaria para los municipios de La Paz, San Diego y Agustín Codazzi, y el 25 de octubre se ordenó la vacunación especial de porcinos en los departamentos de La Guajira y Cesar.

El panorama se hizo más complejo el 26 de octubre, cuando en un predio del corregimiento de Carraipia, en el municipio de Maicao (La Guajira), se detectó el más reciente foco de fiebre aftosa, que atacó los animales de una comunidad wayúu: 27 cerdos (23 enfermos de los cuales 20 murieron), 82 bovinos y 80 ovinos.

Desde finales de la década del 90, cuando en Colombia se promulgó la Ley 395 de 1997, por la cual se declaró “de interés nacional el control y la erradicación de la fiebre aftosa”, han sido muchos los esfuerzos técnicos y económicos realizados en el país para alcanzar el tan anhelado galardón otorgado por la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) en París en mayo de 2009: Colombia país libre de fiebre aftosa por vacunación. Sin embargo, si entonces se pensaba que era difícil obtener esta certificación, los sucesos recientes demuestran que la tarea apenas comenzaba.

Aunque obviamente la emergencia actual denota un problema de salud animal, es posible afirmar que los últimos focos y brotes son el resultado de la suma de múltiples factores adicionales.

El análisis profundo del modelo actual de vacunación y de los sistemas convencionales de procesamiento de la información empleados hasta la fecha, asociados con las dinámicas evolutivas propias de la actividad ganadera, determinan que es necesario incluir en la solución un nuevo paquete de insumos que permita comprender los patrones de crecimiento de las poblaciones animales para relacionarlo tanto con los posibles riesgos de ingreso o transmisión de la enfermedad como con las estrategias de vacunación y control.

Ahora bien: aunque un pilar fundamental ha sido la vacunación obligatoria del inventario nacional dos veces cada año, no se puede olvidar que el éxito de este esquema depende en gran medida tanto de la validación y el análisis de la información capturada en el Registro Único de Vacunación (RUV), como de la robustez de los sistemas de bioseguridad y trazabilidad nacional para garantizar un estatus sanitario óptimo.

Las políticas actuales vinculadas a la implementación de sistemas de trazabilidad han resultado infructuosas para limitar la aparición de focos y brotes. Algunos insumos clave dentro de estas políticas son los aspectos relacionados con la movilización animal establecida entre predios; las concentraciones ganaderas o plantas de beneficio; la presencia de diferentes especies susceptibles; la distancia de los predios a las vías y rutas de movilización; el tipo de modelo productivo y su relación con la estacionalidad ambiental; la cercanía a las fronteras; el tipo de paisaje y los cambios del inventario ganadero del país.

Combatir la ilegalidad

Es claro que para su aplicación y seguimiento se requiere de una mayor interacción y capacidad propositiva tanto de las instituciones responsables de dicho control en los diferentes eslabones de la cadena productiva, como de los ganaderos.

La situación actual del sector es compleja y ha estado sujeta a cambios abruptos en el liderazgo nacional dentro del gremio y a incrementos en los costos de producción, cuyos esquemas oficiales para enfermedades de control obligatorio se constituyen en uno de los aspectos más onerosos, si se tienen en cuenta las consecuencias que generan las estrategias de saneamiento asociadas con la presentación de focos y brotes (sacrificio de animales y cierre de mercados).

Otros factores a considerar son la ilegalidad asociada con el comercio de ganados foráneos o productos animales (leche, queso, carne) a costos que no compiten de forma leal con la producción nacional legalmente constituida, lo que impacta negativamente a los productores y demerita sus esfuerzos por mantener el estatus sanitario.

Un escenario común es la confrontación entre los productores nacionales y las autoridades sanitarias por la aplicación de normas que no cubren a los animales o productos provenientes de mercados ilegales que crecen día a día y sobre los cuales las estrategias de control no han surtido efecto. Esta ilegalidad desmedida genera un lucro que beneficia solo a unos pocos pero que pone en riesgo la estabilidad económica de los diferentes actores nacionales que trabajan dentro de los marcos legales.

El éxito del proceso se garantizaría con una apuesta de articulación interinstitucional y gremial que permita la acción integral y el manejo ético y transparente de la información en todos los niveles de la cadena productiva. Involucrar a todos los actores –desde el nivel predial hasta el ministerial– para tomar decisiones con respecto al diseño de políticas, conceptos y métodos en bioseguridad, biocontención, análisis epidemiológico, minería de datos e implementación y uso de sistemas de información geográfica entre otros, contribuiría a construir y mantener el estatus sanitario.

Así se han dado los brotes recientes

Aunque por ocho años no se presentaron brotes de fiebre aftosa en Colombia, esta apacible situación se vio abruptamente alterada en junio de 2017, cuando en la vereda Curipao del municipio de Tame (Arauca) se reportó la presencia de siete animales infectados con el virus.

Siguiendo los protocolos establecidos por la OIE, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) decretó la cuarentena del departamento de Arauca y de los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, en Casanare, prohibió la entrada o salida de animales susceptibles a la zona, y además canceló a nivel regional cualquier evento que implicara la concentración de poblaciones animales susceptibles (ferias, competencias de coleo, entre otros).

Además se tuvieron que sacrificar 297 animales para evitar la difusión de la enfermedad, y se declaró la emergencia sanitaria nacional por un año. Esta situación conllevó para el país la pérdida temporal del estatus sanitario de “libre por vacunación”.

En julio de 2017, cuando el ICA declaró controlado el foco de fiebre aftosa en Arauca, se detectó un nuevo brote de la enfermedad en ocho predios de tres veredas del municipio de Yacopí (Cundinamarca), con 134 animales afectados.

La reacción no se hizo esperar y el ICA ordenó la cuarentena para los municipios de Yacopí, Caparrapí, La Palma, Topaipí y Puerto Salgar (Cundinamarca); La Dorada (Caldas); Puerto Boyacá (Boyacá); Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío y Sonsón parte baja (Antioquia), y Cimitarra y Bolívar (Santander). Además, en el mismo mes se detectaron dos nuevos focos, uno en el corregimiento de San Faustino (Norte de Santander), a 300 m de la frontera con Venezuela, y otro en el municipio de Tibacuy (Cundinamarca).

En estos casos se ordenó el sacrificio sanitario de 2.459 bovinos, 49 caprinos y 27 porcinos en Yacopí; 163 bovinos en Tibacuy (16 infectados y 143 contactos), y 113 bovinos en San Faustino. El 22 de septiembre de 2017, cuando finalizó el control de focos y brote, el ICA estableció medidas especiales de vigilancia epidemiológica y control en los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, en lo que se denominó una “zona de contención” para recuperar el estatus de Colombia como país libre de fiebre aftosa.

Así las cosas, el 11 de diciembre de 2017 la OIE recertificó al país como “libre de fiebre aftosa por vacunación”, exceptuando la zona de contención, con el ánimo de favorecer el comercio internacional de carne bovina colombiana con

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• Cuba
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• Hong Kong y
• Vietnam,

y se adelantaron gestiones para abrir nuevos mercados con China y Panamá. Sin embargo, otro hecho lamentable volvió a encender las alarmas en marzo de 2018, cuando se incautaron 15 bovinos infectados con el virus de fiebre aftosa en Arauca, provenientes de Venezuela. Para fortuna del país, este hecho no implicó la suspensión del estatus de “libre” de la enfermedad.

En agosto de este año, teniendo en cuenta la aplicación por parte del ICA de todas las recomendaciones y directrices realizadas por la OIE para el control de brotes de fiebre aftosa, se solicitó la restitución del estatus de “libre” para la zona de contención, aunque el 14 de septiembre de este año el organismo rector de la salud animal en el mundo le solicitó a Colombia ampliar la información epidemiológica vinculada a la enfermedad, por lo que el ICA decidió mantener la zona de contención hasta el 31 de octubre.

Infortunadamente, el 1 de octubre de 2018 se detectó un nuevo foco de fiebre aftosa en Sogamoso, en un predio de 18 animales, que aunque se encuentra en de la zona de contención implicó para el país que el 3 de octubre la OIE suspendiera de nuevo la recertificación de diciembre de 2017.

La aftosa no tiene tratamiento: las únicas herramientas para combatirla son contar con medidas estrictas de bioseguridad y con un adecuado y riguroso esquema de vacunación.