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Colombia – Fiebre Aftosa, Más que un Problema de Salud Animal

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Además de los temas relacionados con la salud animal, otros factores como la pobreza, el contrabando, la violencia, la corrupción o la migración ilegal también impactan directa o indirectamente la actividad ganadera y la comercialización de productos animales.

El pasado 4 de octubre se declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional de Colombia, y de nuevo el 11 del mismo mes se detectó un nuevo foco de fiebre aftosa en un predio de San Diego (Cesar) con 2 bovinos (de 216 ) y 27 porcinos (de 37) afectados.

Dicho foco se asoció epidemiológicamente con la zona de contención. El 17 de octubre se estableció la cuarentena sanitaria para los municipios de La Paz, San Diego y Agustín Codazzi, y el 25 de octubre se ordenó la vacunación especial de porcinos en los departamentos de La Guajira y Cesar.

El panorama se hizo más complejo el 26 de octubre, cuando en un predio del corregimiento de Carraipia, en el municipio de Maicao (La Guajira), se detectó el más reciente foco de fiebre aftosa, que atacó los animales de una comunidad wayúu: 27 cerdos (23 enfermos de los cuales 20 murieron), 82 bovinos y 80 ovinos.

Desde finales de la década del 90, cuando en Colombia se promulgó la Ley 395 de 1997, por la cual se declaró “de interés nacional el control y la erradicación de la fiebre aftosa”, han sido muchos los esfuerzos técnicos y económicos realizados en el país para alcanzar el tan anhelado galardón otorgado por la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) en París en mayo de 2009: Colombia país libre de fiebre aftosa por vacunación. Sin embargo, si entonces se pensaba que era difícil obtener esta certificación, los sucesos recientes demuestran que la tarea apenas comenzaba.

Aunque obviamente la emergencia actual denota un problema de salud animal, es posible afirmar que los últimos focos y brotes son el resultado de la suma de múltiples factores adicionales.

El análisis profundo del modelo actual de vacunación y de los sistemas convencionales de procesamiento de la información empleados hasta la fecha, asociados con las dinámicas evolutivas propias de la actividad ganadera, determinan que es necesario incluir en la solución un nuevo paquete de insumos que permita comprender los patrones de crecimiento de las poblaciones animales para relacionarlo tanto con los posibles riesgos de ingreso o transmisión de la enfermedad como con las estrategias de vacunación y control.

Ahora bien: aunque un pilar fundamental ha sido la vacunación obligatoria del inventario nacional dos veces cada año, no se puede olvidar que el éxito de este esquema depende en gran medida tanto de la validación y el análisis de la información capturada en el Registro Único de Vacunación (RUV), como de la robustez de los sistemas de bioseguridad y trazabilidad nacional para garantizar un estatus sanitario óptimo.

Las políticas actuales vinculadas a la implementación de sistemas de trazabilidad han resultado infructuosas para limitar la aparición de focos y brotes. Algunos insumos clave dentro de estas políticas son los aspectos relacionados con la movilización animal establecida entre predios; las concentraciones ganaderas o plantas de beneficio; la presencia de diferentes especies susceptibles; la distancia de los predios a las vías y rutas de movilización; el tipo de modelo productivo y su relación con la estacionalidad ambiental; la cercanía a las fronteras; el tipo de paisaje y los cambios del inventario ganadero del país.

Combatir la ilegalidad

Es claro que para su aplicación y seguimiento se requiere de una mayor interacción y capacidad propositiva tanto de las instituciones responsables de dicho control en los diferentes eslabones de la cadena productiva, como de los ganaderos.

La situación actual del sector es compleja y ha estado sujeta a cambios abruptos en el liderazgo nacional dentro del gremio y a incrementos en los costos de producción, cuyos esquemas oficiales para enfermedades de control obligatorio se constituyen en uno de los aspectos más onerosos, si se tienen en cuenta las consecuencias que generan las estrategias de saneamiento asociadas con la presentación de focos y brotes (sacrificio de animales y cierre de mercados).

Otros factores a considerar son la ilegalidad asociada con el comercio de ganados foráneos o productos animales (leche, queso, carne) a costos que no compiten de forma leal con la producción nacional legalmente constituida, lo que impacta negativamente a los productores y demerita sus esfuerzos por mantener el estatus sanitario.

Un escenario común es la confrontación entre los productores nacionales y las autoridades sanitarias por la aplicación de normas que no cubren a los animales o productos provenientes de mercados ilegales que crecen día a día y sobre los cuales las estrategias de control no han surtido efecto. Esta ilegalidad desmedida genera un lucro que beneficia solo a unos pocos pero que pone en riesgo la estabilidad económica de los diferentes actores nacionales que trabajan dentro de los marcos legales.

El éxito del proceso se garantizaría con una apuesta de articulación interinstitucional y gremial que permita la acción integral y el manejo ético y transparente de la información en todos los niveles de la cadena productiva. Involucrar a todos los actores –desde el nivel predial hasta el ministerial– para tomar decisiones con respecto al diseño de políticas, conceptos y métodos en bioseguridad, biocontención, análisis epidemiológico, minería de datos e implementación y uso de sistemas de información geográfica entre otros, contribuiría a construir y mantener el estatus sanitario.

Así se han dado los brotes recientes

Aunque por ocho años no se presentaron brotes de fiebre aftosa en Colombia, esta apacible situación se vio abruptamente alterada en junio de 2017, cuando en la vereda Curipao del municipio de Tame (Arauca) se reportó la presencia de siete animales infectados con el virus.

Siguiendo los protocolos establecidos por la OIE, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) decretó la cuarentena del departamento de Arauca y de los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, en Casanare, prohibió la entrada o salida de animales susceptibles a la zona, y además canceló a nivel regional cualquier evento que implicara la concentración de poblaciones animales susceptibles (ferias, competencias de coleo, entre otros).

Además se tuvieron que sacrificar 297 animales para evitar la difusión de la enfermedad, y se declaró la emergencia sanitaria nacional por un año. Esta situación conllevó para el país la pérdida temporal del estatus sanitario de “libre por vacunación”.

En julio de 2017, cuando el ICA declaró controlado el foco de fiebre aftosa en Arauca, se detectó un nuevo brote de la enfermedad en ocho predios de tres veredas del municipio de Yacopí (Cundinamarca), con 134 animales afectados.

La reacción no se hizo esperar y el ICA ordenó la cuarentena para los municipios de Yacopí, Caparrapí, La Palma, Topaipí y Puerto Salgar (Cundinamarca); La Dorada (Caldas); Puerto Boyacá (Boyacá); Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío y Sonsón parte baja (Antioquia), y Cimitarra y Bolívar (Santander). Además, en el mismo mes se detectaron dos nuevos focos, uno en el corregimiento de San Faustino (Norte de Santander), a 300 m de la frontera con Venezuela, y otro en el municipio de Tibacuy (Cundinamarca).

En estos casos se ordenó el sacrificio sanitario de 2.459 bovinos, 49 caprinos y 27 porcinos en Yacopí; 163 bovinos en Tibacuy (16 infectados y 143 contactos), y 113 bovinos en San Faustino. El 22 de septiembre de 2017, cuando finalizó el control de focos y brote, el ICA estableció medidas especiales de vigilancia epidemiológica y control en los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, en lo que se denominó una “zona de contención” para recuperar el estatus de Colombia como país libre de fiebre aftosa.

Así las cosas, el 11 de diciembre de 2017 la OIE recertificó al país como “libre de fiebre aftosa por vacunación”, exceptuando la zona de contención, con el ánimo de favorecer el comercio internacional de carne bovina colombiana con

  • Rusia
  • Curazao
  • Chile
  • Angola
  • Kazajastán
  • Bielorusia
  • Armenia
  • Kirguistán
  • Venezuela
  • Jordania
  • Líbano
  • Libia
  • Emiratos Árabes
  • Egipto
  • Cuba
  • Georgia
  • Hong Kong y
  • Vietnam,

y se adelantaron gestiones para abrir nuevos mercados con China y Panamá. Sin embargo, otro hecho lamentable volvió a encender las alarmas en marzo de 2018, cuando se incautaron 15 bovinos infectados con el virus de fiebre aftosa en Arauca, provenientes de Venezuela. Para fortuna del país, este hecho no implicó la suspensión del estatus de “libre” de la enfermedad.

En agosto de este año, teniendo en cuenta la aplicación por parte del ICA de todas las recomendaciones y directrices realizadas por la OIE para el control de brotes de fiebre aftosa, se solicitó la restitución del estatus de “libre” para la zona de contención, aunque el 14 de septiembre de este año el organismo rector de la salud animal en el mundo le solicitó a Colombia ampliar la información epidemiológica vinculada a la enfermedad, por lo que el ICA decidió mantener la zona de contención hasta el 31 de octubre.

Infortunadamente, el 1 de octubre de 2018 se detectó un nuevo foco de fiebre aftosa en Sogamoso, en un predio de 18 animales, que aunque se encuentra en de la zona de contención implicó para el país que el 3 de octubre la OIE suspendiera de nuevo la recertificación de diciembre de 2017.

La aftosa no tiene tratamiento: las únicas herramientas para combatirla son contar con medidas estrictas de bioseguridad y con un adecuado y riguroso esquema de vacunación.

 

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Con estrategias de mitigación, aumentan un 40 % la productividad ganadera, con estrategias de mitigación

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En el marco del proyecto internacional GANASUR, especialistas del INTA presentaron los resultados del estudio en la Cuenca del Salado, Buenos Aires. Con estrategias de mitigación en los establecimientos se evitó la emisión de 7.400 toneladas de CO₂ y aumentó la producción por vientre un 40 %. Mejoras en la sanidad preventiva y reproductiva, descarte de animales improductivos y manejo del pastoreo, entre las estrategias implementadas.

El proyecto GANASUR se desarrolla sobre la estructura cooperativa de PROCISUR, que reúne a los institutos nacionales de investigación agropecuaria de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, junto con el IICA. La iniciativa busca identificar sistemas ganaderos representativos de cada país, evaluar opciones de mitigación y modelar los impactos productivos, económicos y ambientales asociados a su implementación.

En el caso de la Argentina, se seleccionó como caso de estudio un sistema de ciclo completo de la Pampa Deprimida. Según explicó Mauricio Álvarez, coordinador del Programa Nacional de Carnes y Fibras Animales del INTA, “se trata de una de las principales regiones ganaderas del país y porque la cría concentra una proporción muy importante de las emisiones del sistema”. Al mismo tiempo, sus brechas de eficiencia reproductiva y productiva ofrecen una oportunidad concreta para reducir emisiones sin disminuir la producción de carne.

En esta línea, puntualizó: “Para los países del CAS aumentar la productividad es una meta irrenunciable y los resultados demuestran que es posible producir más, mejorando la rentabilidad, de manera ambientalmente sostenible”.

En este sentido, subrayó: “Los resultados muestran que la mitigación puede integrarse a una estrategia de mejora productiva y económica: no se trata de producir menos, sino de producir más eficientemente, con una menor cantidad de emisiones por unidad de producto y una reducción simultánea de las emisiones absolutas”.

Las medidas de mitigación no se definieron como un paquete teórico, sino a partir de tecnologías probadas y compatibles con el funcionamiento de los establecimientos, detalló Álvarez, al tiempo que aclaró que “fueron validadas mediante consultas con productores y referentes sectoriales, que permitieron identificar aquellas que estarían dispuestos a adoptar”.

En esta línea, destacó que “uno de los principales aportes de GANASUR es haber integrado las dimensiones productiva, ambiental y económica. No alcanza con saber cuánto puede reducirse una emisión: también necesitamos conocer qué efecto tiene la tecnología sobre la productividad, cuánto cuesta implementarla y cuáles son las condiciones para que un productor decida adoptarla”.

Entre las estrategias que se aplicaron, se destacan las mejoras en la sanidad preventiva y reproductiva, el descarte de animales improductivos, el manejo del pastoreo, la recuperación de pasturas, la incorporación de leguminosas, la suplementación estratégica, la inseminación artificial a tiempo fijo y la selección genética.

“La implementación completa de esta trayectoria permitiría evitar unas 7.400 toneladas de CO₂ equivalente entre 2027 y 2040, lo que representa una reducción del 15 % de las emisiones acumuladas respecto del escenario de referencia”, confirmó el investigador. Para 2040, las emisiones anuales disminuirían hasta aproximadamente 2.645 toneladas de CO₂ equivalente y la huella de carbono por kilogramo producido se reduciría cerca de un 27 %.

“Los beneficios no serían solamente ambientales, sino también productivos”, sentenció Álvarez. Es que, según detalló, la producción por vientre aumentaría un 40 %, al pasar de 197 a 275 kg de peso vivo, mientras que el mayor volumen de carne generado y la mejora de la eficiencia permitirían alcanzar importantes beneficios económicos.

Según detalló el especialista del INTA, “la transición tecnológica se diseñó de manera gradual y acumulativa”. En una primera etapa se propuso ordenar el manejo del rodeo y mejorar su desempeño reproductivo; posteriormente, fortalecer la base forrajera y nutricional; y, finalmente, incorporar herramientas de mayor intensificación.

“Esta secuencia responde a una lógica concreta: comenzar por tecnologías de menor complejidad y avanzar hacia otras que requieren mayores capacidades e inversiones, evitando asumir que todas pueden adoptarse simultáneamente”, aclaró Álvarez.

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Expertos de las Américas avanzan en la definición de las reservas estratégicas del Banco Regional de antígenos de Fiebre Aftosa

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La sanidad animal recibe apenas el 0,6 % del gasto mundial en salud pese al aumento de las crisis sanitarias

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El informe advierte que los recortes de la ayuda dejan al mundo peligrosamente expuesto a las enfermedades transfronterizas, la inseguridad alimentaria y la próxima pandemia.

El mundo no está invirtiendo lo suficiente en sanidad animal, pese a la creciente evidencia de que el costo de la inacción supera con creces el costo de la prevención.

El informe, publicado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, WOAH por sus siglas en inglés) en el marco de su 93.ª Sesión General, es la única evaluación mundial anual de las tendencias, riesgos y desafíos en materia de sanidad animal.

El informe destaca que las enfermedades animales destruyen más del 20 % de la producción animal mundial cada año. Estos impactos se sienten con mayor intensidad en los países de ingresos bajos y medios, donde la sanidad animal desempeña un papel fundamental para sostener los medios de vida, la seguridad alimentaria y la resiliencia económica. Al mismo tiempo, los sistemas con recursos insuficientes tienen dificultades para detectar y responder a las enfermedades de forma temprana, y también enfrentan retos para mantener los estándares de bienestar animal.

Las recientes reducciones de los presupuestos de ayuda internacional están agravando la presión. La asistencia para el desarrollo en salud ha caído a aproximadamente 39.100 millones de dólares estadounidenses en 2025, y la sanidad animal representa menos del 2,5 % de ese total. En el mismo periodo, el gasto mundial en defensa alcanzó un récord de 2,9 billones de dólares estadounidenses. En este contexto, el fortalecimiento de los sistemas de sanidad animal la infraestructura compartida que protege frente a enfermedades de origen natural, liberaciones accidentales y amenazas biológicas deliberadas sigue estando insuficientemente financiado, pese a su papel esencial en la gestión de riesgos transfronterizos, incluidas las enfermedades emergentes y las amenazas biológicas.

El informe subraya que llevar los Servicios Veterinarios de todos los países a los estándares internacionales costaría aproximadamente 2.300 millones de dólares estadounidenses al año, menos del 0,05 % de los 3,6 billones de dólares en pérdidas económicas atribuidas a la COVID-19 en 2020, una enfermedad que con gran probabilidad tuvo un origen animal, aunque su origen preciso y la vía de transmisión al ser humano aún no se han establecido de forma definitiva.

«Los sistemas de sanidad animal se sitúan en el centro mismo de la seguridad alimentaria, la estabilidad económica, el bienestar y la salud humana, y sin embargo están crónicamente infradotados», declaró la Dra. Emmanuelle Soubeyran, Directora General de la OMSA. «La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto la importancia de invertir más en la prevención y en el enfoque de Una sola salud. Una sola salud seguirá siendo una aspiración hasta que la sanidad animal se integre de manera genuina en la forma en que planificamos e invertimos, mucho antes de que llegue la próxima crisis».

Entre 2025 y 2026, 64 países y territorios notificaron más de 2.000 brotes de influenza aviar de alta patogenicidad, lo que provocó el sacrificio o la pérdida de más de 140 millones de aves de corral.

La fiebre aftosa ha causado brotes sin precedentes en el África meridional y ha reaparecido en Europa. La peste porcina africana continúa propagándose, incluso mediante notables saltos a larga distancia.

Asimismo, el gusano barrenador del Nuevo Mundo una mosca parásita que se alimenta de carne está generando gran preocupación, con decenas de miles de casos registrados en América Central y una expansión hacia el norte que supone una amenaza para la sanidad animal más allá de los países actualmente afectados.

El 75 % de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos se originan en animales, lo que convierte a los sistemas de sanidad animal en la primera línea de defensa del mundo frente a los brotes, incluida una posible próxima pandemia.

Sin embargo, el informe indica que estos sistemas están bajo presión: el 18 % de los países evaluados recientemente presenta una disminución de la capacidad veterinaria, y el 22 % una disminución de la capacidad del personal paraprofesional.

«Lo que estamos observando va más allá de la propagación de las enfermedades y refleja también una presión creciente sobre las redes de vigilancia y las capacidades de respuesta de emergencia, especialmente en las regiones más expuestas a los riesgos para la sanidad animal», afirmó el Dr. Paolo Tizzani, epidemiólogo veterinario senior de la OMSA.

«Cuando los Servicios Veterinarios carecen de recursos, las enfermedades se detectan tarde, se propagan más y resultan más costosas de controlar, independientemente de cómo se hayan iniciado. Fortalecer estos sistemas es, por tanto, una forma importante y eficaz de que los gobiernos y sus socios reduzcan los riesgos y mejoren la preparación».

Con base en 54 países y territorios evaluados por la OMSA, se estima que sería necesario un aumento presupuestario medio del 52 % para cubrir el coste anual real de unos Servicios Veterinarios eficaces. El Programa de Prestación de Servicios Veterinarios (PVS) de la OMSA ofrece a los países una evaluación independiente de sus sistemas de sanidad animal y una hoja de ruta adaptada para su mejora. Como avance positivo, tras actividades recientes del PVS, más de la mitad de los países participantes informaron de un aumento de los recursos financieros.

El informe insta a los gobiernos a aumentar la financiación de los sistemas de sanidad animal e integrarlos en estrategias más amplias de salud, economía y seguridad; a los socios para el desarrollo a alinear la financiación con la prevención a largo plazo en lugar de la respuesta a las crisis; y a las instituciones financieras y al sector privado a reconocer la sanidad animal como una inversión de alto impacto.

«Los sistemas de sanidad animal son un bien público mundial, y el mundo no los financia como tal», concluyó la Dra. Susana Pombo, Presidenta de la Asamblea Mundial de Delegados de la OMSA.

«En un momento en que los gobiernos están aumentando los presupuestos de defensa, conviene preguntarse qué significa realmente la sanidad animal en este contexto. Las enfermedades no reconocen fronteras. Una brecha en la vigilancia de la sanidad animal en un país es una vulnerabilidad para todos los países, por lo que es fundamental cambiar nuestra forma de pensar sobre la solidaridad y la inversión en los sistemas de sanidad animal».

Las conclusiones del informe servirán de base para los debates de la próxima 93.ª Sesión General de la Asamblea Mundial de Delegados (18–22 de mayo), en particular en el Foro Técnico de la OMSA dedicado este año al tema «Invertir en sanidad animal para asegurar el futuro de todos».

También se celebrará una reunión ministerial al margen de la Ceremonia de Apertura, que incluirá la publicación de una declaración ministerial que reflejará una visión compartida sobre los sistemas de sanidad animal.

Acerca de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA)

La OMSA es la autoridad mundial en sanidad y bienestar animal. Fundada en 1924 en respuesta al devastador brote de peste bovina en Bélgica que formó parte de una epidemia más amplia que afectó a varios países europeos y tuvo repercusiones mundiales, la OMSA se ha dedicado desde entonces a vigilar, controlar y difundir información sobre las enfermedades animales en todo el mundo.

La OMSA se centra en la difusión transparente de información sobre las enfermedades animales, en la mejora de la sanidad animal a nivel mundial y, con ello, en la construcción de un mundo más seguro, saludable y sostenible. https://www.woah.org/es/inicio/

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