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Reglas Claras para los Quesos Artesanales Peruanos

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“Cuando hablamos de queso en Perú, consideremos que la mitad proviene de pequeños y medianos productores, la mayoría de empresas familiares y hasta con su propio rebaño”.

Reza un principio que el sabor de la carne de chancho y el queso saben a la tierra donde nacen. Sí, son como esponjas que absorben todo lo que el terruño ofrece, dándoles rasgos singulares, irrepetibles en otros lugares, aunque sigamos la receta a pie de la letra. Cuando hablamos de queso en Perú, consideremos que la mitad proviene de pequeños y medianos productores, la mayoría de empresas familiares y hasta con su propio rebaño. En nuestro país hay más de 6500 empresas productoras de lácteos (queso, yogurt, mantequilla), principalmente de ganado vacuno y la mitad de la leche producida va a la escala industrial. De ese universo apenas 660 están formalizadas, es decir, alrededor del 10%, 483 tienen registro sanitario y solo 10 tiene el certificado HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), según datos de Produce.

Sin embargo, lo increíble es la ausencia de un marco legal y/o normativo que defina o especifique qué es un producto artesanal, sus características, volumen, circunstancias, lo cuál ha dado pie a todo tipo de “malos entendidos”, que han afectado negativamente a muchos productores. Tal como le sucedió a la quesera La Cabrita, perteneciente a la familia Igreda, cuyos rebaños rebaños están en la vía a Canta y la planta en Los Olivos, a quienes hace poco más de un año Digesa les prohibió la producción, porque no tienen el HACCP, aunque sí todo lo demás que les exige la ley, cayendo en un verdadero viacrucis burocrático.

EXPERIENCIAS

Esta semana se llevó a cabo el Primer Simposio de Quesos Artesanales de Perú, organizado por varias instituciones académicas y no gubernamentales, asociaciones de productores y representantes del Estado. Entre los participantes estaban productores e investigadores de países con una sólida tradición en este campo como Francia, Argentina, España y México, que compartieron sus experiencias, y cómo han logrado darle un marco legal sólido para el trabajo del productor, que garantice la inocuidad y calidad del producto. Se trata de un hecho importantísimo, porque finalmente, casi todos los actores involucrados estaban en la misma sesión de Zoom.

En líneas generales, la inocuidad, la responsabilidad, la trazabilidad y el valor cultural son aspectos que ni siquiera están en discusión, allí todos coinciden, porque sientan las bases de productos que garantizan seguridad al consumidor final. Pero es más un asunto de escalas, porque la actual legislación está hecha pensando en los parámetros de las grandes industrias, imposibles de cubrir por los productores pequeños formalizados, que se ven sujetos a procesos de certificación costosos y engorrosos, entre otros aspectos.

El camino es largo para lograr líneas de trabajo común, que comienzan por la definición de qué se considera artesanal y sus condiciones, que, además, se incluya en la normativa. Referencias exitosas para tomar ejemplo tenemos de otros países y todas pasan por el rol de un Estado como ente que brinde protección, apoyo y asistencia, más allá de limitarse a la fiscalización. Los lácteos son importantes en nuestra mesa, y aquí ganamos todos, porque entre más empresas se vean animadas a la formalización, eso se traducirá en un producto más seguro sanitariamente hablando.

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Con estrategias de mitigación, aumentan un 40 % la productividad ganadera, con estrategias de mitigación

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En el marco del proyecto internacional GANASUR, especialistas del INTA presentaron los resultados del estudio en la Cuenca del Salado, Buenos Aires. Con estrategias de mitigación en los establecimientos se evitó la emisión de 7.400 toneladas de CO₂ y aumentó la producción por vientre un 40 %. Mejoras en la sanidad preventiva y reproductiva, descarte de animales improductivos y manejo del pastoreo, entre las estrategias implementadas.

El proyecto GANASUR se desarrolla sobre la estructura cooperativa de PROCISUR, que reúne a los institutos nacionales de investigación agropecuaria de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, junto con el IICA. La iniciativa busca identificar sistemas ganaderos representativos de cada país, evaluar opciones de mitigación y modelar los impactos productivos, económicos y ambientales asociados a su implementación.

En el caso de la Argentina, se seleccionó como caso de estudio un sistema de ciclo completo de la Pampa Deprimida. Según explicó Mauricio Álvarez, coordinador del Programa Nacional de Carnes y Fibras Animales del INTA, “se trata de una de las principales regiones ganaderas del país y porque la cría concentra una proporción muy importante de las emisiones del sistema”. Al mismo tiempo, sus brechas de eficiencia reproductiva y productiva ofrecen una oportunidad concreta para reducir emisiones sin disminuir la producción de carne.

En esta línea, puntualizó: “Para los países del CAS aumentar la productividad es una meta irrenunciable y los resultados demuestran que es posible producir más, mejorando la rentabilidad, de manera ambientalmente sostenible”.

En este sentido, subrayó: “Los resultados muestran que la mitigación puede integrarse a una estrategia de mejora productiva y económica: no se trata de producir menos, sino de producir más eficientemente, con una menor cantidad de emisiones por unidad de producto y una reducción simultánea de las emisiones absolutas”.

Las medidas de mitigación no se definieron como un paquete teórico, sino a partir de tecnologías probadas y compatibles con el funcionamiento de los establecimientos, detalló Álvarez, al tiempo que aclaró que “fueron validadas mediante consultas con productores y referentes sectoriales, que permitieron identificar aquellas que estarían dispuestos a adoptar”.

En esta línea, destacó que “uno de los principales aportes de GANASUR es haber integrado las dimensiones productiva, ambiental y económica. No alcanza con saber cuánto puede reducirse una emisión: también necesitamos conocer qué efecto tiene la tecnología sobre la productividad, cuánto cuesta implementarla y cuáles son las condiciones para que un productor decida adoptarla”.

Entre las estrategias que se aplicaron, se destacan las mejoras en la sanidad preventiva y reproductiva, el descarte de animales improductivos, el manejo del pastoreo, la recuperación de pasturas, la incorporación de leguminosas, la suplementación estratégica, la inseminación artificial a tiempo fijo y la selección genética.

“La implementación completa de esta trayectoria permitiría evitar unas 7.400 toneladas de CO₂ equivalente entre 2027 y 2040, lo que representa una reducción del 15 % de las emisiones acumuladas respecto del escenario de referencia”, confirmó el investigador. Para 2040, las emisiones anuales disminuirían hasta aproximadamente 2.645 toneladas de CO₂ equivalente y la huella de carbono por kilogramo producido se reduciría cerca de un 27 %.

“Los beneficios no serían solamente ambientales, sino también productivos”, sentenció Álvarez. Es que, según detalló, la producción por vientre aumentaría un 40 %, al pasar de 197 a 275 kg de peso vivo, mientras que el mayor volumen de carne generado y la mejora de la eficiencia permitirían alcanzar importantes beneficios económicos.

Según detalló el especialista del INTA, “la transición tecnológica se diseñó de manera gradual y acumulativa”. En una primera etapa se propuso ordenar el manejo del rodeo y mejorar su desempeño reproductivo; posteriormente, fortalecer la base forrajera y nutricional; y, finalmente, incorporar herramientas de mayor intensificación.

“Esta secuencia responde a una lógica concreta: comenzar por tecnologías de menor complejidad y avanzar hacia otras que requieren mayores capacidades e inversiones, evitando asumir que todas pueden adoptarse simultáneamente”, aclaró Álvarez.

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