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¿Cómo se hace un buen uso de garrapaticidas?: la experiencia uruguaya

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En la Jornada Nacional sobre Residuos de Garrapaticidas y Riesgos para la Cadena Cárnica Uruguaya, realizada en Montevideo por la DGSG (MGAP) y la Facultad de Veterinaria, la encargada del Departamento de Control de Productos Veterinarios (DILAVE) detalló qué exigencias deben cumplir los garrapaticidas para ser aprobados, cómo se determinan los tiempos de espera y por qué el cumplimiento estricto de la etiqueta es determinante para proteger la inocuidad y los mercados.

Natalia Cardozo, encargada del Departamento de Control de Productos Veterinarios del MGAP —dependiente de DILAVE (DGSG)—, abordó el rol del registro y el buen uso de medicamentos veterinarios como pieza central para prevenir residuos en carne.

Cardozo remarcó que el control de productos veterinarios se apoya en la normativa vigente —incluido el Decreto 160/97, actualmente en proceso de revisión y actualización— y explicó que el departamento no solo registra, sino que también habilita y fiscaliza establecimientos que elaboran, almacenan, importan, exportan y comercializan productos veterinarios.

Un registro “con pruebas”, no solo con papeles

Al describir el proceso, señaló que toda solicitud debe estar respaldada por un dossier con evidencia técnica: seguridad, eficacia, toxicidad, calidad, estabilidad, dosificación y, cuando corresponde, estudios de residuos. El trámite incluye instancias de evaluación, observaciones y respuestas, y puede culminar con un certificado provisorio para importar o elaborar un primer lote, que luego se analiza antes de otorgar el registro por 10 años.

Garrapaticidas: exigencias extra por ser campaña oficial

En el caso de los garrapaticidas —por tratarse de una campaña sanitaria reglamentada— explicó que existen requisitos adicionales definidos por resoluciones de la DGSG. Entre ellos, destacó que la eficacia debe ser igual o superior al 95%, y que se evalúa también el poder residual.

Detalló, además, dos pruebas clave:

  • Prueba de establo (oficial, DILAVE-Parasitología): compara animales tratados y controles, midiendo caídas de garrapatas y evaluando el impacto sobre el índice reproductivo (oviposición y eclosión).
  • Prueba de stripping (baños de inmersión): analiza cómo se comporta la concentración del principio activo durante varios tratamientos, considerando degradación, arrastre y condiciones del baño.

Residuos y tiempos de espera: dónde se define la “carencia”

Cardozo explicó que las pruebas de residuos permiten establecer el tiempo de espera, garantizando que el principio activo y/o metabolitos estén por debajo de los límites máximos de residuos definidos por referencias internacionales y por el Plan Nacional de Residuos Biológicos, atendiendo exigencias de mercados.

Describió cómo se construye la evidencia (animales sanos, grupos de muestreo, faenas en distintos tiempos para obtener la curva de depresión, análisis de tejidos como músculo, hígado, riñón y grasa) y subrayó la idea operativa: si el producto se usa como fue registrado, el alimento es inocuo.

“No todos los principios activos están aprobados como garrapaticidas”

Uno de los puntos más prácticos de su presentación fue la advertencia sobre el uso de productos que no están registrados para ese fin. Puso como ejemplo a las lactonas macrocíclicas, aclarando que no todas están aprobadas como garrapaticidas y que, en determinados rangos de concentración o dosis, deben cumplir exigencias específicas para ser consideradas como tales. Por eso, insistió en verificar indicaciones y registros oficiales disponibles para consulta pública.

Buen uso: la etiqueta como contrato sanitario

Cardozo sintetizó el mensaje con una afirmación directa: “los acaricidas no producen residuos: los produce el mal uso”. En esa línea, enumeró prácticas críticas:

  • Leer y respetar la etiqueta (dosis, frecuencia, vía de administración y tiempos de espera).
  • Usar solo productos registrados y para el uso indicado (ej.: no cambiar aspersión por inmersión).
  • Evitar sobredosificación, repeticiones innecesarias y subdosificación (que además favorece resistencias).
  • Respetar plazos de validez del producto.

También alertó sobre un desafío estructural: los acaricidas químicos son un recurso “no renovable” por el avance de resistencias y por la escasa aparición de nuevas moléculas, debido a prioridades globales de investigación.

Finalmente, adelantó que en la reglamentación en actualización se prevé la incorporación obligatoria de un sticker octagonal para productos con más de 40 días de tiempo de espera, como forma de reforzar la advertencia y el uso responsable.

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Con estrategias de mitigación, aumentan un 40 % la productividad ganadera, con estrategias de mitigación

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En el marco del proyecto internacional GANASUR, especialistas del INTA presentaron los resultados del estudio en la Cuenca del Salado, Buenos Aires. Con estrategias de mitigación en los establecimientos se evitó la emisión de 7.400 toneladas de CO₂ y aumentó la producción por vientre un 40 %. Mejoras en la sanidad preventiva y reproductiva, descarte de animales improductivos y manejo del pastoreo, entre las estrategias implementadas.

El proyecto GANASUR se desarrolla sobre la estructura cooperativa de PROCISUR, que reúne a los institutos nacionales de investigación agropecuaria de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, junto con el IICA. La iniciativa busca identificar sistemas ganaderos representativos de cada país, evaluar opciones de mitigación y modelar los impactos productivos, económicos y ambientales asociados a su implementación.

En el caso de la Argentina, se seleccionó como caso de estudio un sistema de ciclo completo de la Pampa Deprimida. Según explicó Mauricio Álvarez, coordinador del Programa Nacional de Carnes y Fibras Animales del INTA, “se trata de una de las principales regiones ganaderas del país y porque la cría concentra una proporción muy importante de las emisiones del sistema”. Al mismo tiempo, sus brechas de eficiencia reproductiva y productiva ofrecen una oportunidad concreta para reducir emisiones sin disminuir la producción de carne.

En esta línea, puntualizó: “Para los países del CAS aumentar la productividad es una meta irrenunciable y los resultados demuestran que es posible producir más, mejorando la rentabilidad, de manera ambientalmente sostenible”.

En este sentido, subrayó: “Los resultados muestran que la mitigación puede integrarse a una estrategia de mejora productiva y económica: no se trata de producir menos, sino de producir más eficientemente, con una menor cantidad de emisiones por unidad de producto y una reducción simultánea de las emisiones absolutas”.

Las medidas de mitigación no se definieron como un paquete teórico, sino a partir de tecnologías probadas y compatibles con el funcionamiento de los establecimientos, detalló Álvarez, al tiempo que aclaró que “fueron validadas mediante consultas con productores y referentes sectoriales, que permitieron identificar aquellas que estarían dispuestos a adoptar”.

En esta línea, destacó que “uno de los principales aportes de GANASUR es haber integrado las dimensiones productiva, ambiental y económica. No alcanza con saber cuánto puede reducirse una emisión: también necesitamos conocer qué efecto tiene la tecnología sobre la productividad, cuánto cuesta implementarla y cuáles son las condiciones para que un productor decida adoptarla”.

Entre las estrategias que se aplicaron, se destacan las mejoras en la sanidad preventiva y reproductiva, el descarte de animales improductivos, el manejo del pastoreo, la recuperación de pasturas, la incorporación de leguminosas, la suplementación estratégica, la inseminación artificial a tiempo fijo y la selección genética.

“La implementación completa de esta trayectoria permitiría evitar unas 7.400 toneladas de CO₂ equivalente entre 2027 y 2040, lo que representa una reducción del 15 % de las emisiones acumuladas respecto del escenario de referencia”, confirmó el investigador. Para 2040, las emisiones anuales disminuirían hasta aproximadamente 2.645 toneladas de CO₂ equivalente y la huella de carbono por kilogramo producido se reduciría cerca de un 27 %.

“Los beneficios no serían solamente ambientales, sino también productivos”, sentenció Álvarez. Es que, según detalló, la producción por vientre aumentaría un 40 %, al pasar de 197 a 275 kg de peso vivo, mientras que el mayor volumen de carne generado y la mejora de la eficiencia permitirían alcanzar importantes beneficios económicos.

Según detalló el especialista del INTA, “la transición tecnológica se diseñó de manera gradual y acumulativa”. En una primera etapa se propuso ordenar el manejo del rodeo y mejorar su desempeño reproductivo; posteriormente, fortalecer la base forrajera y nutricional; y, finalmente, incorporar herramientas de mayor intensificación.

“Esta secuencia responde a una lógica concreta: comenzar por tecnologías de menor complejidad y avanzar hacia otras que requieren mayores capacidades e inversiones, evitando asumir que todas pueden adoptarse simultáneamente”, aclaró Álvarez.

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