Alrededor de 46 millones de estadounidenses viven en lugares en los que sus líderes presentaron proyectos de ley para prohibir la carne cultivada en laboratorio, la última escalada de una sorpresiva guerra cultural.

A menos que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, tenga un inesperado cambio de opinión, pronto será un delito vender o fabricar carne cultivada en laboratorio en el “estado del Sol”. Un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Florida está actualmente a la espera de la firma de DeSantis, quien manifestó ya su oposición a lo que denomina “carne falsa”. Si el proyecto se convierte en ley, cualquiera que venda, fabrique o distribuya carne cultivada en Florida será sancionado con una multa que alcanzaría los 500 dólares y 60 días de prisión.

“Golpear a alguien y vender carne cultivada son lo mismo ante los ojos de la ley en Florida”, señala Justin Kolbeck, CEO de la startup de mariscos cultivados Wildtype, quien ha estado intentando persuadir a los legisladores para que suavicen una serie de prohibiciones propuestas. Además del proyecto de ley de Florida, también otros en Alabama, Arizona, Kentucky y Tennessee. Si se aprueban, algo ciertamente poco probable, unos 46 millones de estadounidenses no tendrán acceso a una forma de carne que muchos esperan que sea significativamente más respetuosa con el planeta y los animales.

Una guerra política para desacreditar la carne cultivada en laboratorio

La ola de legislación propuesta, que incluye leyes de etiquetado muy estrictas, tal vez resulte sorprendente, dado que la carne cultivada en laboratorio no está a la venta en ningún lugar de Estados Unidos en este momento. Ya era poco probable que los habitantes de Florida tuvieran en sus manos una chuleta de pollo cultivado, pero la prohibición propuesta elimina esa opción por completo. “Es verdaderamente significativo. Y prohibir un alimento antes de que esté en el mercado para toda esa población, antes de que hayan tenido la oportunidad de probarlo y decidir si quieren comprarlo, parece absurdo”, declara Jessica Almy, vicepresidenta senior de política del Good Food Institute (GFI), una organización sin fines de lucro que aboga por alternativas a la alimentación animal.

Almy asegura que quizá haya motivos legales para impugnar la prohibición de Florida, aunque no está claro si el proyecto se llevará ante los tribunales si se convierte en ley. En una carta, el Instituto Norteamericano de la Carne (NAMI, por sus siglas en inglés), organismo comercial que representa a las empresas del sector cárnico, se opuso a la prohibición, alegando que entra en conflicto con la ley federal y es “una mala política pública que restringiría las opciones del consumidor y reprimiría la innovación”.

Las prohibiciones propuestas plantean cuestiones sobre posibles tensiones entre la industria cárnica convencional y el sector de la carne cultivada. Aunque la NAMI se opone a la iniciativa de Florida, tanto el texto de la propuesta en Arizona como el de una propuesta fallida en West Virginia consideran la carne cultivada una amenaza para la industria ganadera de cada estado. En la Cámara de Florida, el representante Dean Black, ganadero, fue vehemente en su oposición. “Mis amigos terrícolas y yo comeremos carne de verdad aquí en la Tierra, y reservemos esta carne fantástica para el espacio exterior”, proclamó en un discurso que fue recibido con aplausos por parte de los legisladores. El proyecto de ley, que incluía un conjunto mucho más amplio de reformas, entre ellas la de la recarga de los vehículos eléctricos, fue aprobado por la Cámara con 86 votos a favor y 27 en contra.

La representante Anna Eskamani, quien votó en contra del proyecto de ley el 6 de marzo, argumenta que era un ejemplo de apropiación corporativa diseñado para proteger a una industria que estaba “perdiendo su huella. Y en lugar de reconocerlo, pretende impedir que aparezca una nueva huella. Es muy proteccionista, es contrario al libre mercado y, al fin y al cabo, también permite que continúe un monopolio”, opina.

El rechazo de los legisladores que simpatizan con los ganaderos y la industria cárnica en general pone a las empresas de carne cultivada en una situación difícil. Los principales productores de carne, Cargill y Tyson, han invertido en empresas de carne cultivada, mientras que la brasileña JBS está trabajando en un centro de investigación en Brasil. “Nos vemos como una solución ‘y’, no ‘o’. Nunca pretendemos sustituir a la [carne] convencional”, explica Sean Edgett, director jurídico de Upside Foods, una startup de carne cultivada que cuenta con Cargill y Tyson entre sus inversionistas. “Siempre habrá un lugar para ella en el mercado. Por eso, al estudiar estos proyectos de ley, me parecen muy proteccionistas”.

Los cofundadores de Wildtype, Justin Kolbeck y Ayré Elfenbein, visitaron a legisladores de Arizona, Alabama y Florida para intentar convencerles de que rechacen o modifiquen la legislación propuesta en esos estados. “El cambio que observamos es hacia algo mucho más extremo, que es hablar de prohibiciones absolutas”, resalta Elfenbein. Los cofundadores están particularmente interesados en una excepción para los mariscos cultivados, indicando a los legisladores que Estados Unidos es un importador directo de mariscos y que una nueva fuente de pescado mejoraría la seguridad alimentaria del país.

También son preocupantes para las compañías de carne cultivada una serie de proyectos de ley que impondrían nuevas restricciones al etiquetado. En Arizona impediría a las empresas emplear términos “cárnicos” para describir productos elaborados con carne cultivada, plantas o insectos. Un proyecto de ley similar aprobado en marzo en West Virginia exige que se les etiquete como “cultivado con células”, “cultivado en laboratorio” o un términos similares. El hecho de que los legisladores presenten propuestas legislativas que agrupan la carne cultivada con la de insecto, una categoría que muchos consumidores potenciales consideran repugnante, es una señal alarmante, observa Almy.

La reacción de los políticos contra la carne cultivada no resulta inesperada, expresa Sparsha Saha, profesora de carne y política en el Departamento de Gobierno de Harvard. “Iba a ser alimento político, porque existen conglomerados, un sector cárnico y lácteo muy poderoso y cada vez más integrado”, afirma.

En Florida, el debate fue especialmente extremo. En la Cámara, el representante Dean Black calificó la carne de cultivo como “un cultivo bacteriano” y “pasta de proteína celular basada en nitrógeno”. El representante Daniel Alvarez comparó las células que se encuentran en la carne de cultivo con el cáncer.

Tales argumentos están sumamente infundados, destaca Elfenbein. “Muchos de los argumentos que se expusieron se hicieron bajo la falsa premisa de la seguridad”, comentó. En X, el comisario de agricultura de Florida comparó la conclusión de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU de que la carne cultivada de dos empresas estadounidenses es segura para el consumo con los mandatos de enmascaramiento. “Es inherentemente una guerra política”, dice Saha.

A puerta cerrada, los legisladores adoptan un tono más equilibrado, señala Edgett. “Nuestras conversaciones con todos estos legisladores en sus despachos son muy distintas de las que mantienen en el pleno”, agrega. Upside Foods publicó un post en su blog instando a los posibles clientes a solicitar al gobernador DeSantis que vete el proyecto de ley.

Largo proceso de aceptación de la carne cultivada en laboratorio

La resistencia de los legisladores a la carne cultivada también está surgiendo en Europa. En noviembre, el parlamento italiano aprobó la prohibición de este alimento, que actualmente no está disponible para los consumidores en ningún lugar del continente. Sin embargo, no queda claro si la ley de Italia se mantendrá, ya que violaría una directriz de la Unión Europea (UE) concebida para poner fin a las barreras normativas dentro del bloque. En una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE celebrada el 23 de enero, varios delegados pidieron “un debate renovado y amplio al respecto en la UE, específico para la carne cultivada en laboratorio”.

“La clase de leyes que están apareciendo en Estados Unidos y la Unión Europea parecen ser principalmente un teatro político, pero tienen el potencial de afectar negativamente a la investigación, al menos dentro de esas regiones”, comenta Dwayne Holmes, director de investigación e innovación de la organización sin fines de lucro New Harvest, dedicada al estudio de la carne cultivada en laboratorio. “También es posible que estas leyes sean el subproducto involuntario de un ciclo publicitario diseñado para crear expectación, lo que en la práctica sería un arma de doble filo”.

La posibilidad de que se propongan más prohibiciones a nivel estatal en Estados Unidos acecha en segundo plano. Este año se presentó una propuesta de prohibición en West Virginia, pero ya no está activo. En 2023, los legisladores de Texas plantearon una que no llegó a convertirse en legislación. “No me sorprendería que volviera a surgir ese proyecto de ley”, resalta Almy. Su esperanza, sin embargo, es que si reaparece una iniciativa similar, los legisladores hayan escuchado lo suficiente a organizaciones sin ánimo de lucro como el GFI y a las startups del sector para que no tomen el mismo camino que Florida. Quizá se apruebe la venta de carne cultivada en laboratorio en Estados Unidos, pero la carrera para convencer a los legisladores de que la acepten no ha hecho más que empezar.