El Proyecto de Ley que crea el Fondo de Garantía para paliar el endeudamiento del sector lechero uruguayo por US$ 30 millones durante cinco años, ya está a consideración del Parlamento.
El trabajo establece que el endeudamiento del sector se generó entre 2010/15 y explica la tasa de crecimiento de 48% que mostró la lechería uruguaya, con apenas un aumento de 6% en el volumen de vacas ordeñadas y en una superficie productiva que se redujo 10%.
Entre 2013/14 la remisión de leche superó los 2 millones de litros al año. Luego el endeudamiento siguió en 2015/16, como consecuencia de la caída mundial del precio de los lácteos. El tambo necesita inversiones continuas para mantener y asegurar la productividad y cualquier recorte, se siente de inmediato en la producción del año siguiente. Encima hay que pagar igual las deudas con menor productividad.
Entre enero de 2011 y marzo de 2015, el precio de la leche estuvo en US$ 0,35 por litro, mientras que el endeudamiento bancario del sector pasó de US$ 85 millones a US$ 252 millones como consecuencia de las inversiones que hicieron los productores. Durante la crisis del sector, el endeudamiento creció por debajo de US$ 100 millones por la implementación del Fondo de Financiamiento y Desarrollo de la Actividad Lechera, que manejó un monto de US$ 78 millones.
El endeudamiento de la lechería uruguaya con los bancos —medido a agosto de 2017— ascendió a US$ 325 millones y a eso hay que sumarle lo que los tamberos le deben a la industria que eran —según datos de Inale— US$ 22,4 millones. Además, le deben a las gremiales US$ 1,6 millones por servicios de maquinaria y campos de recría e igual monto al Instituto Nacional de Colonización (INC).
Según datos del Inale, sobre un total de 2.730 productores, 1.859 tamberos —el 68% del total— mantienen deudas con el sector bancario y los plazos de pago promedio son de 3,5 años, lo que hace muy difícil el repago de esas deudas.
FONDO
El Fondo de Garantía que impulsa el Ejecutivo se conforma con el aporte adicional de $ 1,3 por litro de leche pasteurizada que se vende al público por aproximadamente cinco años; se destinan entre 13 y 14 millones de litros por mes para el mercado interno.
Ese $1,3 por litro ya se comenzó a cobrar el pasado mes de octubre, cuando ajustó el precio de la leche tarifada al público y las industrias deben ceder la retención a un fideicomiso financiero de US$ 30 millones, que será el capital del Fondo de Garantía que ahora está a consideración del Parlamento.
El tratamiento de las deudas con la industria lechera será considerado en el caso de que los productores no tengan deudas bancarias o una vez que hayan acortado su reestructuración, según se maneja en el Proyecto de Ley.
El importe de la retención por litro que pagan los consumidores y se destinan al Fondo de Garantía, será ajustado por el Poder Ejecutivo cuando se modifique el precio de la leche consumo ( eso sucede en otoño y primavera).
La titularidad del Fondo de Garantía estará en manos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca así como de Economía y Finanzas y ambos podrán ceder las retenciones para constituir un fideicomiso y el Fondo de Garantía podrá articular con el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera y con el Instituto Nacional de la Leche. Las dos instituciones poseen información valiosa y actualizada, que es fundamental para la gestión del Fondo de Garantía.
El Poder Ejecutivo exonerará de impuestos al citado fideicomiso (todos los impuestos nacionales creados o que serán creados), recibiendo los valores que el fideicomiso emita el mismo tratamiento fiscal que reciban los títulos de deuda pública, establece el Proyecto de Ley.
Asimismo se establece que las plantas pasteurizadoras que incumplan con las obligaciones establecidas en el Fondo de Garantía, serán suspendidas en los registros del MGAP habilitantes para que ejerzan de actores de retención del $ 1,30 recaudado a través del litro de la leche tarifada que se vuelva al consumo.
Esa suspensión se mantendrá hasta que se pongan al día con el aporte y hasta que paguen las multas y recargos. La multa establecida para las plantas pasteurizadoras que no cumplan con los aportes citados en el proyecto de ley, será igual al 20% de la suma no vertida al fideicomiso, más un recargo mensual.
Las demoras en la instrumentación del Proyecto de Ley generó nerviosismo y malestar en las gremiales de tamberos, que incluso amenazaron al Ejecutivo con quitar los delegados de la directiva del Instituto Nacional de la Leche, el orgamismo donde se discuten las políticas a aplicarse para el sector.
Finalmente, tras varias idas y venidas, las instituciones decidieron dejar en suspenso la medida y jugar una nueva carta al Fondo de Garantía, para mantener de pie a los tambos.