A las 3:10 p.m. llegó a mesa de partes del Congreso de la República el documento de la PCM que observa la autógrafa que prohíbe el uso de leche en polvo para elaborar leche evaporada. Congresista Yonhy Lescano dice que insistirán en ley.
Ayer, el Ejecutivo oficializó la observación a la autógrafa de ley que prohíbe el uso de leche en polvo para elaborar leche evaporada, tal como lo había adelantado, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala.
Esta iniciativa prohíbe el uso de leche en polvo entera, descremada y lactosueros para la elaboración en la industria de la leche fluida, leche evaporada, yogurt, queso y mantequilla de consumo humano directo.
Para el Ejecutivo, si se promulga esta ley se generaría un alza de precios, ya que «restringe la posibilidad de utilizar los insumos importados en el proceso de producción de lácteos».
Según el documento, tampoco habrá un mayor incentivo a la producción ni los ganaderos tendrán mayores ganancias, pues los mayores precios de los lácteos generarían menor consumo.
Advierten que, además, se afectará a quienes producen leche de soya y otros derivados de productos vegetales que usan el término leche, pues podrían hasta detener su producción, lo que llevaría a que muchas personas pierdan su empleo.
Tratados comerciales
En el inciso ‘g’, de su observación, el Ejecutivo explica que la prohibición del uso de ciertos insumos importados, la imposibilidad de llamar leche a derivados de vegetales y la obligación de que los productos lácteos tengan el rótulo «100% leche» vulneran acuerdos comerciales firmados por el Perú como el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC(conocido como OTC).
El OTC obliga a no crear obstáculos innecesarios al comercio internacional y no restringir el comercio, a menos que afecte la seguridad nacional, la protección de la salud o seguridad humana, de los animales y del medio ambiente.
Claramente, para el Ejecutivo, la importación de leche en polvo no atenta contra ninguna de estas situaciones.
Resalta que otros acuerdos, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, recogen estos mismos principios.
La observación también recurre al Acuerdo General sobre Aranceles de Aduanas y Comercio (GATT) de 1994, al que el Perú está adscrito y en cuyo artículo III se indica que las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la venta, compra, transporte, distribución o el uso de productos que prescriban la mezcla, la transformación o el uso de ciertos productos en cantidades determinadas no debería aplicarse a los productos importados o nacionales, de modo que se proteja la producción nacional.
Congreso insistirá
El congresista Yonhy Lescano, de la bancada de Acción Popular, lamentó que el Ejecutivo haya cedido a las presiones de los lobbies empresariales que no quieren que los ganaderos nacionales mejoren sus ingresos ni que los peruanos tomen leche de la mejor calidad.
No obstante, señaló que su bancada buscará que, en el menor plazo posible, el Congreso apruebe por insistencia esta ley que considera necesaria para el país.
Espera, para cumplir este cometido, contar con el respaldo de las demás bancadas congresales. «Ojalá que los intereses del país prevalezcan frente a los lobbies», dijo.
Hay que indicar que en el Perú hay 500 mil familias que se dedican a la actividad ganadera lechera concentradas en las regiones de Cajamarca y Arequipa. Según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), el Perú produce 2 millones de toneladas de leche.
AGALEP: «PPK flaquea ante el lobby»
La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (Agalep) consideró como un atentado la decisión de no promulgar la Ley que mejora la calidad de la leche.
«Lo ocurrido hoy es una demostración de que los peruanos estamos al final en la lista de prioridades de un presidente que cede y flaquea ante el chantaje y lobby empresarial», dijo.
«No nos sorprende que nuestras autoridades sigan defendiendo a la industria láctea sin tomar ninguna medida frente a un problema que claramente es de salud pública», agregó.
Según Agalep, parece inaudito que el Ejecutivo haya sustentado su observación de la norma en «excusas esgrimidas como argumentos» por la industria láctea, largamente desmentidas y «que el gobierno toma como verdades absolutas, evidenciando su sinuoso actuar».